Jurisprudencia

El Tribunal Supremo declara culpable la quiebra de una sociedad a causa de no haber llevado los libros de contabilidad en la forma y con todos los requisitos que se prescriben en el Código de Comercio.

Concretamente nos encontramos ante el caso de una sociedad que solicita la declaración de quiebra y en el que el comisario presenta su preceptivo informe sobre la conducta de la quebrada en el cumplimiento de los deberes que le imponía el Código de Comercio. Los síndicos de la quiebra solicitaron la declaración de que la misma era culpable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 889, ordinal primero del Código de Comercio, según el cual, serán reputados quebrados culpables, los que no hubieran llevado los libros de contabilidad en la forma y con todos los requisitos que se prescriben en el Título III del Libro Primero, y los que aun llevándolos con todas estas circunstancias, hayan incurrido dentro de ellos en falta que hubiere causado perjuicio a tercero.

Así de claro lo tiene la Audiencia Nacional en su sentencia de 8 de febrero de 2012, en la que señala que partiendo de que los equipos adquiridos no estaban destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empleados, sino que fueron cedidos a éstos con el único objeto de facilitar la formación de los mismos en las nuevas tecnologías y, por lo tanto, a servir al desarrollo de la propia actividad empresarial, el gasto relativo a la adquisición de los equipos informáticos aparece equiparable perfectamente a cualquier otro gasto de formación requerido para desarrollar las habilidades del personal en beneficio de la actividad empresarial, máxime teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la hoy recurrente es la actividad de banca, desarrollando la misma básicamente a través de Internet, y teniendo en cuenta que en ello se inició en el ejercicio 2000, que es cuando realizó la adquisición de una serie de equipos informáticos con la referida finalidad de cederlos a sus empleados. Ello avala la conclusión de que resulta esencial en los ejercicios de su implantación, para el correcto desempeño de su propia actividad empresarial, la formación de una plantilla en el campo de las nuevas tecnologías.

El artículo 95 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que para que los empresarios o profesionales puedan deducirse las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios, estos deben de afectarse, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional. Igualmente dicho artículo dice que cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por 100.

Ahora bien, existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 14 de abril de 2010, que viene a declarar que el empresario podrá a priori compensar el 100% del IVA soportado siempre y cuando pruebe que el vehículo está afecto a la actividad, con independencia del grado, de suerte que debe ser la Administración Tributaria la que prueba que el grado de afectación es inferior al 100%.

La Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 31 de mayo de 2012  mantiene que el socio de una empresa tiene derecho a examinar el Libro Mayor de la sociedad antes de la celebración de una junta y que el carácter no obligatorio del mismo sólo dispensaría de su exhibición  a aquella sociedad que hubiese decidido no llevarlo. Pero si dicho Libro es materialmente llevado para instrumentar la contabilidad de la sociedad, si se le niega su examen al socio, se infringirá su derecho de información y los acuerdos adoptados por la Junta podrán anularse.

Del tenor literal del art. 86.2 LSRL no se desprende que el derecho de examen del socio se encuentre circunscrito a los libros de contabilidad que tengan carácter obligatorio ya que , de manera mucho más amplia, lo que dicho precepto le confiere es la facultad de examinar cuantos documentos constituyan antecedente de las cuentas.

El hecho de que la llevanza del Libro Mayor no sea obligatorio no excluye la obligación de facilitarse copia del mismo si realmente es llevado con carácter auxiliar por la sociedad.

La Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencia de 21 de mayo de 2012, ha concluido que el derecho de información en los grupos de sociedades no atribuye a las accionistas el de obtener la documentación de cada una de las sociedades integrantes del grupo, ya que éstas no se someten a aprobación, sino las del grupo, a tenor de lo que dispone el art. 42.5 del Código de Comercio “los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los auditores”.

En el presente caso, dos accionistas del Banco Santander, interesaron la nulidad o anulación de diversos acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, así como los pronunciamientos contrarios de tal declaración con base en la vulneración del derecho de información y la falsedad o falta de justificación de las cuentas anuales consolidadas.

La demandada se opuso con base en que las cuentas auditadas, así como los informes de gestión y auditoría, fueron puestas a disposición de los accionistas, siendo la finalidad de los demandantes obstruir el buen funcionamiento de Banco Santander. La sentencia de primera instancia, confirmada por la de segunda, desestimó la demanda, recurriendo los demandantes dicha desestimación.